Los contratos inteligentes ya son cosa del pasado.

por | Nov 27, 2018 | Bitcoin, Blockchain, Economía Digital

Pues si,es así, los contratos inteligentes ya estarían quedando obsoletos ante lo vertiginoso de los avances de las nuevas tecnologías. No se está aun acostumbrado a nuevos avances no solo tecnológicos sino institucionales cuando otros más avanzados irrumpen, o mejor dicho disrumpen en nuestra sociedad, ante lo cual no es ajeno el caso de los “smart contracts”, los llamados contratos inteligentes.

El día de hoy (26 de noviembre de 2018) en la sesión de clases de la cátedra de economía digital del programa de Doctorado de Gerencia de la Universidad Central de Venezuela, impartida por el profesor Antonio Russoniello, Director del Centro de Cultura Digital (centro de investigación sobre el tema que elabora el contendido académico de la cátedra), luego de las reflexiones propias que ha de hacerse de importantes personajes relacionados con el tema como lo son Nick Szabo y Vitalik Buterin, exponía con gran claridad los distintos lenguajes de programación utilizados para la programación del código, o pudiéramos decir, la “redacción” de los contratos inteligentes, que como programas que son, resultan susceptibles de ser leídos, interpretados y ejecutados por sistemas informáticos, tales son los “lenguajes” como Solidity, Python, Lisp Like Language o Mutan.

Como es común en actividades de este estilo, al aproximarnos a la idea de “contratos”, y más aún ante esa específica cualidad de que ellos sean “inteligentes” las observaciones, reflexiones y comentarios sobre su relación con la ciencia jurídica y el destino de los profesionales del derecho no se hacen esperar, en especial sobre la confianza o no de tales instrumentos “digitales” y su verdadera implementación en el intercambio social, más aún ahora en el que se le dará una dimensión “legal”, o mejor dicho “jurídica” de su contenido y consecuencias.

Diversos han sido los foros en los que como profesional del derecho he señalado que a pesar de existir algún desconocimiento sobre el tema, incluso alguna reticencia de ciertos sectores en su aceptación y asimilación, estos “smart contracts”, son una realidad ineludible a la que no se le puede dar la espalda y muchos menos negar, más aún, pudiera incluso señalarse que hasta son ya parte de un pasado reciente y en este momento hasta existe una evolución de los mismos dejando obsoletos las concepciones originarias de los contratos inteligentes.

Antes de pasar a navegar en aguas un poco mas profundas como lo son los contratos inteligentes, creo necesario hacer algunas precisiones previas, ya que adentrarse a este fenómeno de los contratos inteligentes en abstracto si tales, nos dificultarán su compresión, lo primero que debemos tener en cuenta es claramente diferencias que cuando nos referimos a la idea de derecho en general, no debe entenderse como únicamente comprendido como “legislación”, esto es, como los actos emanados de los Estados con contenido normativo dictados conforme a las normas propias del debido proceso legislativo de cada uno de estos Estados, por lo que podemos a primeras luces puede desecharse como derecho o legislación los actos emanados de poderes públicos que actúen en usurpación de funciones y violentando tal debido proceso legislativo, pero este es otro tema que bien podemos analizar en otro momento.

Además de la legislación, es también derecho la voluntad de las partes libremente expresada con la finalidad de crear, modificar y extinguir las relaciones jurídicas entre ellas, es decir que como normas jurídicas, provenientes no de la legislación sino de los contratos, pueden las partes exigir y coaccionar su cumplimiento, que es lo que distingue las normas jurídicas de las de contenido moral. Es ante lo dicho, que el simple hecho que algunas actividades humanas y sociales no se encuentren previstas en la legislación expresamente, en modo alguno las hace ilegales y menos aún que sea necesario su tratamiento legislativo para su desarrollo, basta pues que no esté expresamente prohibidas y sean de estricto orden público, tema que también es de gran interés su examen, para que mediante el derecho de los contratos, perfecta, y legítimamente, las partes en una sociedad puedan desplegar su libre y abierto intercambio, ya que en fin, donde existe sociedad, existe derecho “ubi societas, ibi ius”, no siendo muchas veces necesario su desarrollo legislativo especial como se afirmase, ya que el derecho común perfectamente puede resolver cualquier controversia que entre las partes pueda surgir.

Estando claros que siendo el contrato ley entre las partes, y siendo la voluntad de ellas con esa intención de regular las relaciones jurídica mediante tal fuente principal de derecho, y específicamente de obligaciones, se nos hace mucho mas sencillo entender que el contrato no es en modo alguno el instrumento que soporta las manifestaciones de voluntad, ya que ese papel, ese documento que usualmente llamamos contrato, no es el contrato en sí mismo, sino que lo es solo en su soporte material, la forma de instrumentalizarse, la prueba de las voluntades de sus partícipes, y claro está de las prestaciones y obligaciones debidas entre ellos.

Al igual como ocurre con los documentos físicos en cuanto a ser soporte e instrumento de la manifestación de voluntad, con la recepción de las nuevas tecnologías, los nuevos formatos digitales no hacen más que hacer lo propio pero en esa referida forma digital de la que es característica su desmaterialización, y es en ese sentido que los contratos inteligentes son concebidos de manera general y en primera aproximación, en soporte de las normas que rigen la relación de las partes, no en cuanto a simplemente digitalizar el contenido de un contrato escrito, sino que tales normas se expresen en códigos de programación en incluso corran y se ejecuten conforme a los allí plasmado por las partes y que una vez iniciada esa ejecución, corra el mismo hasta su finalización prevista con las consecuencias allí establecidas.

Como es de esperarse, muchas de las personas que se encuentran ante esta exposición podrán alarmarse en cuanto a la posibilidad de ejecución de manera distinta a la deseada, en especial si la programación a través de los códigos no recogen con la debida propiedad las “intenciones humanas” ya que en definitiva serán los humanos que en definitiva correrán personalmente las consecuencias de tales contratos ya que son sus partes, todo lo cual se complica cuando el “lenguaje” a ser utilizado es un código de programación en el que solo personas con experticia técnica especializada podrán “redactar” o “programar” el contrato; aspecto éste que no es cosa menor ya que ubicándonos en posiciones que bien destacan los asistentes a muchas de las actividades sobre el tema, o los abogados se deben convertir en programadores o los programadores en abogados, así como las miles de combinaciones que pueden surgir dependiendo de los infinitos programas o contratos, que puedan resultar de la también infinitas formas de relaciones jurídicas entre las partes.

Es de señalar que esa inquietud en que lo que en definitiva resulte en el programa o “contrato inteligente” pueda o no distanciarse de la verdadera intención entre las partes no es algo nuevo, siquiera es propio de las nuevas tecnologías, es más es natural al propio estudio del derecho de los contratos, en el que desde tiempos ancestrales han surgido discusiones en cuanto a la forma de resolver diferencias entre la voluntad real de las partes en la celebración de un contrato y aquella declarada en el documento que suscriben como prueba de su celebración y su alcance, así como cual de ellas ha de prevalecer y La facultad interpretativa de los jueces cuando le es sometido la resolución de alguna controversia, pero nuevamente he de advertir, este es un tema más que fascinante pero que escapa del presente trabajo.

Pues ante esta situación, esta preocupación que se hace nuevamente presente pero en esta sociedad digital, en la que la mirada debe hacerse más amplia ya que las relaciones transcienden los límites de los estados, viene a afectar la propia idea de los contratos inteligentes, en la que como toda clase de contratos y que consiste en el acto voluntario de sus partes en normar las relaciones entre ellas, pueden surgir diferencias entre la voluntad real y la ahora “voluntad programada”, y es ante ésto que surgen los llamados “contratos ricardianos” llamados así por David Ricardo, que partiendo de la idea de esos contratos inteligentes, en vez de utilizarse códigos como lenguajes de programación para su “redacción”, utiliza el lenguaje ordinario de los humanos para comunicarse, el cual es leído y entendido no solo por los humanos sino también por los sistemas, lo que atendería de mejor manera a despejar dudas por la eventual discrepancia entre esas voluntades, la real y la programada.

Actualmente son varias las plataformas que hacen uso y se han mostrado muy activas en el estudio de estos contratos ricardianos como una evolución de los contratos inteligentes así como de éstos mismos, tales son los casos de OpenBazzar y Contract Vault, y otras, pero como siempre, en estas materias no existen palabras finales y todo va evolucionando a velocidades inimaginadas, solo queda estar en contante estudio y preparación, y como es propio de las sociedades evolucionar con ellas y su desarrollo.

Los contratos inteligentes y contratos ricardianos, su estudio y su discusión en efecto que debemos abordarlos, pero más allá de consideraciones descriptivas de su contenido y alcance, debemos hacerlo de manera crítica, en especial reflexionado sobre la idea del contrato y la voluntad de las partes como ejercicio de su libertad con la misma fuerza normativa que la de la ley, la verdadera y legítima ley, no aquella trastocada por regímenes totalitarios que la entienden como instrumento para el ejercicio del poder y no como debe ser, como forma de organización del ejercicio de las libertades civiles, muestra de ello resulta con simplemente observar como en el Indice de Libertad Humana toma en cuenta entre sus factores paras la medición de libertad económica el nivel de protección legal de los contratos en los Estados, que en el caso Venezuela, para el año 2017, resultó en su última posición de 159 países evaluados.

 

 

 

Imagen tomada de : smart-contract-gear-flat-icon-vector-16871376.jpg

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